Columna: Javier Ichazo, CEO de Mibanco
Hablemos de informalidad
Por Javier Ichazo – CEO de Mibanco
Como cada cinco años, en abril los peruanos nos preparamos para elegir a nuestras nuevas autoridades. y, como siempre, la agenda de temas que –esperamos– los candidatos aborden será exigente. Por ejemplo: ¿Cómo atraerán mayor inversión privada para crecer económicamente, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los peruanos? ¿Cómo enfrentarán la inseguridad ciudadana? ¿Qué harán para mejorar la provisión de servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento? ¿Cómo fortalecerán nuestras instituciones, desde una policía capaz de prevenir y perseguir el delito hasta un sistema de justicia que actúe con eficiencia y reglas claras?
Las preguntas que deberán responder quienes aspiran a gobernarnos son muchas, pero en esta columna quiero centrarme en una que, por su relación con muchos de los problemas mencionados y por su persistencia, exige de medidas claras y voluntad política: ¿Cuáles son sus planes para reducir la informalidad?
Para empezar, es evidente que no estamos ante un hecho aislado, especialmente cuando se trata de describir la situación de nuestras mypes. Hoy, estas representan el 99.7% del tejido empresarial del país y cerca del 86% operan en la informalidad. Por ello, no sorprende que en el 2024 el 70.9% de los trabajadores en el Perú se desempeñó en este sector. Por lo que está claro que abordar esta materia implica enfrentar uno de los desafíos estructurales más relevantes de nuestra economía, con efectos directos sobre la productividad, el crecimiento y la capacidad del país de lograr bienestar sostenible.
Desde la perspectiva empresarial, la informalidad no solo limita el crecimiento, sino que expone a las mypes a riesgos adicionales. Operar fuera del sistema dificulta el acceso al financiamiento formal, hace difícil contratar con empresas más grandes y mantiene a muchos negocios en una escala reducida por temor a sanciones o a costos difíciles de asumir. En ese contexto, muchas empresas terminan recurriendo a servicios financieros informales, lo que las expone directamente a fenómenos como el ‘gota a gota’ y a esquemas de extorsión vinculados al crimen organizado, elevando la incertidumbre y los costos de operar. Todo esto impacta el tamaño de la inversión, frena la adopción de tecnología y debilita la productividad en general.
Para los trabajadores, la informalidad supone vulnerabilidad, sobre todo por la falta de beneficios laborales: acceso a seguros de salud, afiliación automática al sistema previsional y mecanismos como la CTS, pensados para ofrecer protección ante escenarios en los que se interrumpe la recepción de ingresos. A ello se suma, además, una relación distante con el sistema financiero: bajos niveles de ahorro, inversión y de acceso al crédito que reducen la capacidad de planificar y construir estabilidad en el tiempo. Aunque suele interpretarse como un problema individual, estas condiciones limitan la resiliencia económica del país en general.
Mientras formalizarse siga siendo más difícil que mantenerse informal, el resultado no cambiará.
Entonces, ¿qué debemos esperar de los candidatos? Para empezar, es clave entender que el problema no es que las personas no quieran formalizarse. De hecho, según un estudio elaborado por Mibanco y el Banco de Ideas Credicorp, con el apoyo de Ipsos, 88% de los emprendedores informales declaran estar interesados en dejar de serlo. Las limitaciones están en cómo el Estado acoge estas ganas y en cómo se relaciona con estos empresarios.
Para los emprendedores, encarar los trámites de formalización supone enfrentar costos altos tanto de tiempo como de dinero y, a la vez, lidiar con procesos complejos con poco acompañamiento por parte de los funcionarios que los conducen –otro sentimiento recogido en el informe–. Existe, además, una barrera de confianza: para muchos, la formalidad no es sinónimo de predictibilidad, sino de reglas que se aplican de manera desigual, con criterios poco claros y una alta dosis de discrecionalidad y, a veces, hasta de corrupción. Y a esto se suma un marco laboral y tributario en el que crecer implica asumir costos adicionales –como mayores costos de contratación y umbrales que activan nuevas obligaciones–.
Ante esta realidad, no bastan soluciones aisladas. La informalidad no se reducirá con medidas parciales. Exige cambios sistémicos que los candidatos deben estar dispuestos a asumir, como simplificar y abaratar procesos, revisar los incentivos que hoy parecen castigar el crecimiento y construir un Estado que genere confianza y que ofrezca reglas claras, predecibles y aplicadas con criterios uniformes. No es un reto sencillo, pero sí uno que debe asumirse.