El emprendedor Sitiado

El emprendedor sitiado

Hoy, casi ningún peruano escapa a la inseguridad: si no la sufre directamente, la presencia del delito está cerca, afectando a familiares, amigos o colegas. Para los emprendedores, el golpe es doble. La extorsión y los robos no sólo erosionan sus ingresos, sino que los obligan a gastar más en protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus negocios. Además, el temor modifica los hábitos de los consumidores: muchos evitan salir, se alejan de ciertas zonas y desconfían de algunos comercios.

Así, el crimen se ha convertido en una de las barreras más urgentes para el desarrollo de las mypes. Dado que estas representan más del 90% del total de empresas en el país, su impacto sobre el crecimiento económico del Perú no puede soslayarse. Según la ‘Radiografía de la informalidad en el Perú’ una encuesta reciente de Mibanco y el Banco de Ideas de Credicorp a más de 1000 microempresarios informales, el 39% señala que la delincuencia es el principal obstáculo para crecer. Mientras que en Lima Metropolitana las pérdidas diarias por esta causa entre los negocios con atención al público superan los S/ 450,000, de acuerdo con estudios independientes.

El perjuicio a las mypes es sumamente grave. Y, mientras este flagelo no se controle, seguirá teniendo un impacto severo en la forma en que invierten y expanden sus negocios ¿Por qué abrir una nueva tienda, si esta solo va a convertirse en el próximo blanco de extorsionadores? ¿Cómo invertir en crecimiento si buena parte del capital se destina a rejas, cámaras y vigilancia privada? ¿Cómo contratar personal si apenas se logra sostener el negocio?

Esta inseguridad también, además, desalienta la formalización. Si para el 66% de los dueños de micronegocios informales el proceso ya es visto como costoso y engorroso, ¿qué incentivo real tienen para formalizarse, cuando lo urgente es sobrevivir?

El problema exige una acción decidida del Estado, con el respaldo –y la presión constructiva- del sector privado. Hoy, urge que el gobierno abandone la lógica del ensayo y error. Se necesita mayor rigor técnico, análisis comparativos con otros países para apostar por lo que ha demostrado funcionar, uso intensivo de datos y, por qué no, de inteligencia artificial para optimizar procesos, anticipar patrones y tomar decisiones eficaces.

También resulta clave dotar a la policía de las herramientas mínimas que necesita para cumplir con su labor. Preocupa, por ejemplo, que hoy más del 40% de sus camionetas y autos estén inoperativos, pues ello refleja una ineficiencia que no podemos seguir normalizando. A ello se suman ciertas decisiones legislativas cuestionables, como las vinculadas a los topes a las tasas de interés, deben revisarse con una mirada integral, ya que pueden terminar alimentando mercados informales como el del ‘gota a gota’.

El sector privado, sin embargo, también debe involucrarse. Y aún tiene amplio margen para consolidar una colaboración que vaya más allá de ofrecer información y diagnóstico sobre la situación del crimen. Puede organizarse para la elaboración de redes de seguridad, ofrecer servicios de vigilancia específicos para el sector mype, capacitar a los emprendedores en prevención de delitos cibernéticos y fraudes (como muchos bancos ya hacen) e impulsar una cultura de aseguramiento. Porque impulsar la formalización implica construir entornos más seguros, donde emprender no signifique exponerse.  

Las posibilidades están ahí. El camino por recorrer no es sencillo, pero de lograr recorrerlo depende no solo la tranquilidad de todos los peruanos, sino también la sostenibilidad de quienes son el pulmón de nuestra economía.